El colectivo de interinos en España viene afectado por décadas de inseguridad laboral, lo que ha provocado múltiples discusiones en el ámbito político y social.

Los interinos, que desempeñan sus funciones en cargos temporales dentro de la función pública, encuentran con un número considerable de desafíos. Aunque muchos de estos empleados llevan años trabajando en posiciones relevantes, su continuidad sigue siendo incierta.

El Estado español ha intentado en varias ocasiones solucionar este desafío, lanzando diferentes iniciativas. Sin embargo, la mayoría de estas medidas no han conseguido resolver el problema de base, provocando que los interinos sigan trabajando en condiciones inseguras. El último plan, conocido como el "Icetazo", buscaba reducir la temporalidad en el sector público, pero no ha conseguido mejorar la situación de todos los interinos.

Entre los aspectos cuestionados se encuentra la falta de claridad en los procesos de selección. Frecuentemente, se critica que los interinos tienen muchos años de experiencia, pero no tienen la posibilidad de ser nombrados de manera definitiva, lo que genera una sensación de frustración. Se ha denunciado que una parte significativa de los interinos están cubriendo puestos estructurales que, en realidad, deberían ser de carácter fijo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un protagonista clave en la defensa de los derechos de los interinos en España. Este órgano judicial ha afirmado que el abuso de la temporalidad es incompatible con el derecho comunitario. A raíz de estas decisiones, el gobierno español se ha visto obligado a introducir cambios en sus políticas. Sin embargo, estos cambios no han logrado resolver por completo la problemática.

Otra de las principales inquietudes de los interinos es la falta de valoración a su trayectoria dentro del sector público. Muchos de estos trabajadores han dedicado gran parte de su vida al sector público, pero siguen sin recibir ventajas que disfrutan otros empleados con empleo fijo.

Para una gran parte de los interinos, la mejor solución sería la consolidación definitivo. Sin embargo, algunos sectores argumentan que dar prioridad a los interinos sin oposición abierta sería problemático, y que debe garantizarse la igualdad de oportunidades para todos los candidatos.|Por otro lado, hay quienes consideran que una solución rápida podría afectar el principio de igualdad en el acceso a la administración.}

En síntesis, el colectivo de interinos en España sigue sufriendo las consecuencias de una inadecuada gestión por parte las autoridades, y es necesario adoptar medidas more info efectivas. Solo con modificaciones profundas y una mejor voluntad política, se podrá garantizar la estabilidad laboral de estos trabajadores que han dedicado gran parte de su vida al servicio público.